BOLETÍN DE PRENSA

La Reactivación Económica no terminará de concretarse en el Ecuador por las barreras administrativas existentes. Pese a la agilización de trámites en notarías y registradurías de la propiedad, persiste la falta de aplicación de firma y contratos electrónicos en todos los servicios públicos del país. Esta situación impacta negativamente en las actividades productivas de miles de ecuatorianos que requieren dinamizarse tras dos meses de paralización total.

Según la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del 2002, la firma electrónica tiene igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita, sin excepción alguna; asimismo, es admitida como prueba en juicio. Mientras instituciones como el SRI, Senae, los bancos públicos y privados, y el sistema judicial en sus audiencias y sentencias, ya utilizan firmas electrónicas, entes como las notarías todavía no lo hacen.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive), ha expresado su gran preocupación por la resistencia de ciertos sectores al uso de medios electrónicos cuando en realidad, son muy efectivos a la hora de simplificar de forma segura las transacciones. Además, en el actual contexto de la emergencia sanitaria, son la única alternativa para precautelar la salud y vida de los usuarios.

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