- Entre los principales cambios que anunció el presidente se encuentran eliminar el anticipo mínimo del impuesto a la Renta; incentivos a la construcción, a la producción y a los emprendimientos, medianos y pequeños; eliminación gradual del ISD a partir del 2019, sujeto al desempeño económico; creación de fondo de garantía para acceso de créditos SEPS; entre otros.
- En cuanto al Impuesto a la Renta (IR) se aumenta el tiempo de exoneración a 12 años a nuevas inversiones que se hagan fuera de Quito y Guayaquil y hasta 20 años para los cantones fronterizos. El presidente de la comisión, Esteban Albornoz, señaló además que otra modificación que fue considerada en el informe, luego de escuchar las más de 200 observaciones de actores del sector económico y productivo, es la eliminación el valor mínimo de pago del anticipo del Impuesto a la Renta (IR).
- En lo que corresponde al Impuesto de Salida de Divisas (ISD) se propone una reducción gradual desde el siguiente ejercicio fiscal. Otro de los cambios introducidos es la creación de un Fondo de Estabilización Fiscal "para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas", según lo mencionaron los parlamentarios. Patricio Donoso, asambleísta de CREO puntualizó que este fondo no tocará las preasignaciones que les corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y otro tipo de asignaciones contempladas en la Constitución.
- La comisión incluyó también una modificación al Código del Ambiente para que tanto laboratorios públicos y privados puedan realizar servicios ambientales de medición de emisiones y contenidos contaminantes.
- Su presidente, Esteban Albornoz, convocó a sesión para este miércoles, 13 de junio, a las 09:00, para analizar los criterios de los parlamentarios y otros que continúan llegando desde varios sectores, cuyos insumos servirán para construir el informe para segundo debate.
- De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al tratarse de un proyecto urgente, en materia económica, una vez cerrada la primera discusión, la mesa parlamentaria tiene cuatro días para presentar el informe para segundo debate. De ahí, en 48:00 la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, deberá convocar al Pleno para que apruebe, modifique o niegue el proyecto.
- La remisión de intereses para deudas tributarias, aduaneras y otras fue uno de los temas que enfrentó a quienes defienden y cuestionan el proyecto. Estos últimos creen que antes de darles estas ventajas a la empresa se debe analizar si es el momento adecuado, en una economía en crecimiento.
- De la otra orilla, consideran que es una buena opción para dar liquidez al Estado, pues más se gana con el pago de capitales, que con el sacrificio de la remisión.
- Eso sí, dejaron sentado que no se debe afectar los derechos de los trabajadores, en sus utilidades; que debe haber un candado para que quienes se hayan beneficiado o se beneficien de esta figura jurídica no lo puedan volver hacer; que se extienda a otros sectores como el artesano, agricultor, comerciantes minoristas, que tienen deudas con la banca pública; y que se fije un tope, cuando son remisiones para deudas por servicios públicos, como en el sector eléctrico.
- Esas propuestas las realizaron Cristina Reyes, Viviana Bonilla, Montgómery Sánchez y Wilma Andrade.
- En cambio, uno de los temas en los que confluyó la mayoría fue en la defensa del sector agrícola. Para ellos plantearon la remisión de intereses multas y recargos de sus deudas públicas e, incluso, Kharla Chávez pidió que se les perdone las multas de las sentencias ejecutoriadas con la Ley de Aguas.
- En el debate, además de resaltar los beneficios para la inversión, generación de empleo y estabilización fiscal, se habló de la necesidad de establecer una seguridad jurídica para el inversor, revisar los Tratados Bilaterales de Inversión y que se proteja los recursos del Seguro Social. Esto último, tomando en cuenta que el proyecto establece la prohibición de que el Banco Central adquiera títulos y obligaciones emitidas por el Ministerio de Finanzas.
- Desde la Amazónía, Henry Moreno mostró su preocupación con la creación de un fondo de estabilización con los excedentes de la venta del petróleo. Recordó que con la Ley Amazónica se dispone la constitución de un Fondo Amazónico, también con recursos del petróleo y pidió que no se afecte los derechos de esta región.
- Para el sector privado, Viviana Bonilla pidió una contraparte, por ejemplo, que incremente la contratación de empleo para jóvenes y mayores de 40 años, mientras que para el sector financiero sugirió que se le prohíba cobrar las transacciones interbancarias.
- También planteó que se determine un mecanismo que permita controlar que el beneficio de la devolución del IVA a servicios para la construcción de vivienda social sea para este tipo de soluciones habitacionales y no se desvié a otros proyectos.
- Se realizaron dos votaciones. La una para aprobar el texto del proyecto, excepto los literales a) numeral 4 y b) numeral 1 del artículo 35, relacionados con el pago del Impuesto a la Renta (IR) del décimo tercer y décimo cuarto sueldo para quienes ganan más de 100 mil dólares. Esta votación tuvo el respaldo de 73 parlamentarios.
- La otra votación fue, en cambio, sobre esa excepción, y la votación fue negativa, es decir, no se aprobó. Recibió el respaldo solo de 42 legisladores.
- El texto incluye cambios a diversos aspectos de la iniciativa legal, como la condonación de multas, intereses y recargos para deudores del Servicio de Rentas Internas o tras 10 entidades públicas. También se incorporaron nuevos beneficiarios a los incentivos productivos discutidos por el Legislativo.
- En cuanto a los incentivos temporales de exoneración de impuesto a la renta, para los sectores industrial, agroindustrial y agroasociativo se propone sean abordados como parte de los sectores priorizados, de igual manera, que las inversiones nuevas dentro de esos sectores en cantones de frontera gocen de una exoneración por impuesto a la renta de 15 años.
- El Pleno de la Asamblea debe hasta en 30 días:
- Allanarse al veto, en todo o en parte y enmendar el proyecto con el voto favorable de la mitad más uno de asistentes a la sesión del Pleno.
- Ratificar con 2/3 de sus miembros el proyecto que originalmente se aprobó
- Pronunciarse o el proyecto será aprobado con cambios propuestos por el Presidente en su veto parcial.
- Es así como el segundo bloque, referente a las reglas macrofiscales y el endeudamiento público, no fueron allanadas por falta de votos.
- En el caso del artículo 42, numerales 4, 5 y 7, Disposición Transitoria Décimo Primera, Disposición Transitoria Décimo Sexta y Disposición Transitoria Décimo Séptima, que están relacionadas con la reglas macrofiscales y el límite del endeudamiento público, no hubo el número de votos necesario para aceptar los textos planteados por el Ejecutivo.
- De igual manera, no se pudo ratificar los artículos 20, que establecía la obligatoriedad que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) se sometan a la remisión, ni el numeral 4 del Art. 36, alusivo a la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en la actividad de exportación.
-
Mientras que, por unanimidad de los 123 presentes, se insistió en el numeral 6 del Art. 40, en torno a la obligatoriedad de que la Junta de Política Monetaria y Financiera fije tasas para los sectores agrícola y ganadero.
-
Así mismo, con el voto unánime de 117 legisladores, se ratificó el numeral 1 del Art. 42, respecto de preasignaciones presupuestarias, con 124 votos se aprobó el el numeral 4 del Art. 47, en referencia a regular para la baja los servicios financieros, mientras que 123 asambleístas se pronunciaron a favor de la ratificación de la Disposición General Primera, que amplía los beneficios de esta ley a los deudores no vinculados de la banca cerrada de 1999.
-
Se dispuso a la Secretaría General la codificación y, de ser necesario, la renumeración del texto, antes del envío del proyecto para su publicación en el Registro Oficial.
- La remisión del 100% de intereses, multas y recargos por las deudas y obligaciones con el SRI, IESS, matriculación vehicular, aduaneras, créditos educativos, becas y servicios básicos que proporcionan las empresas públicas.
- Se da el plazo máximo de 90 días a todos los deudores para que puedan pagar el capital y exonerarse de los castigos por los atrasos. En el caso de que el contribuyente no tenga la capacidad de pago inmediato, podrá solicitar facilidades de pago a la Administración Tributaria (hasta de tres años).
- El No pago del Impuesto a la Renta para aquellos empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil, por el lapso de 8 años. Para quienes inviertan en el resto del País la exención será de 12 años.
- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, no pagarán anticipo de impuesto a la Renta; las nuevas inversiones tendrán derecho a la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas; y los contribuyentes que reinviertan el 50% de sus utilidades en activos productivos, también estarán exonerados.
- Incorporar el mecanismo de arbitraje; el Estado garantizará mecanismos técnicos de arbitraje nacional o regional para las inversiones y contratos que superen los diez millones de dólares.
- Finalmente, en el Capítulo IV, dispone la reforma a varios cuerpos legales.
- Versión
- Tamaño del archivo 520 KB
- Fecha de creación agosto 20, 2018
El 24 de mayo de 2018 el presidente Lenin Moreno, envió la Ley económico urgente Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal.
El viernes 8 de junio de 2018 por la tarde la Comisión de Desarrollo Económico aprobó por unanimidad el informe que dispone la remisión de los intereses, multas y recargos de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las Aduanas, pero únicamente si el deudor paga todo el capital pendiente en 90 días. Pero, quienes se beneficien con esta medida no podrán acogerse a una acción similar durante 15 años.
El 12 de junio de 2018, con la intervención de 42 parlamentarios de las diferentes bancadas políticas se cerró el primer debate del proyecto para el Fomento Productivo, iniciado el día de hoy. Ahora la Comisión del Desarrollo Económico procesará las observaciones que se plantearon en el salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional.
El 18 de junio de 2018 por unanimidad, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto urgente económico para el Fomento Productivo.
El 22 de junio de 2018 se aprobó el proyecto urgente para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad Fiscal:
La Asamblea Nacional recibió el 18 de julio del 2018, el veto del Ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo:
El 20 de julio de 2018 la Asamblea Nacional recibió un alcance al documento de Objeción Parcial en el cual menciona que el documento presentado el 18 de julio incluye errores de redacción, tipeo y omisiones involuntarias que deben ser corregidos con el fin de mantener el espíritu de la Ley.
El 07 de agosto de 2018, el pleno de la Asamblea resolvió el veto parcial enviado por la Función Ejecutiva a la Ley de Fomento Productivo. El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Esteban Albornoz, propuso que la misma se apruebe en tres bloques: dos fases de allanamientos y el tercero por ratificación del texto.
El 20 de agosto de 2018 fue enviado al Registro Oficial el texto final de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo para su publicación.
El 21 de agosto de 2018 fue publicado en Registro Oficial la Ley Orgánica para el Fomento Productivo. La mencionada ley contempla, entre otros puntos, lo siguiente: