Luego de una paralización de 5 años, el Alcalde y los Concejales de Quito estarían próximos a destrabar 2.000 millones de dólares en inversión inmobiliaria que su burocracia tenía represada, pero creando nuevos y más impuestos.

Han pasado dos meses desde la última comunicación enviada por APIVE al Concejal Sergio Garnica, Presidente de la Comisión de Uso de Suelo del Concejo Metropolitano de Quito, solicitando ser recibida por la Comisión. No hubo respuesta oficial.

La solicitud del sector es simplemente que el Municipio de paso a la docena de proyectos que los Concejales de esa Comisión tienen represados desde hace 2 años, de inmediato y sin imponer requisitos retroactivamente.

VER OFICIO ENVIAD AL ALCALDE MAURICIO RODAS EN FEBRERO 2017

VER OFICIO ENVIADO AL CONCEJAL SERGIO GARNICA EL 07 JUNIO 2017

VER OFICIO ENVIADO AL CONCEJAL SERGIO GARNICA EL 13 JUNIO 2017

El proyecto de Ordenanza de Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales PUAES pone en vigencia un nuevo impuesto a la plusvalía, que viene a sumarse al polémico impuesto a la Plusvalía creado por el ex Presidente Correa en Diciembre de 2016 y que además de paralizar el acceso a vivienda en el país, convirtió a Ecuador en el único país del mundo con un impuesto del 75% en el sector inmobiliario de vivienda. Si Quito ya es hoy en día el Municipio más caro del país para construir y para acceder a vivienda, con este nuevo impuesto entraría a competir en precios de bienes inmuebles con ciudades como Río de Janeiro, Santiago, Buenos Aires e incluso Nueva York.

La última versión disponible de la ordenanza duplica el precio de la tierra en el Municipio de Quito, haciendo más caro producir vivienda, en lugar de hacerlo más económico.

Importancia del proyecto

El debate de este proyecto es de vital importancia debido a que tiene represados cerca de DOS MIL MILLONES y paralizados proyectos inmobiliarios debido a la indecisión en el Concejo Metropolitano de Quito, tema que ha venido sonando en los medios desde el año anterior.

VER OFICIO ENVIADO AL ABOGADO SERGIO GARNICA EN JULIO 2016

Reteniendo la ordenanza y disuadiendo mayores inversiones, la Comisión presidida por el Concejal Garnica restringe aún más el acceso a vivienda de lo que ya se ha contraído en Quito.

Vale destacar que este freno burocrático ha profundizado la parálisis que se vive en Quito, donde el ingreso de nuevos trámites de permiso de construcción cayó un 32.56 % en 2016 y otro tanto igual en el primer trimestre del año 2017, mostrando que con trámites engorrosos e incluso paralizados, mientras la población crece, la construcción formal de viviendas decrece, forzando a los nuevos hogares a la informalidad. Ese es el costo de la ineficiencia burocrática.

Plusvalía sobre Plusvalía

En una publicación de El Comercio, el presidente de la Comisión responsable del proyecto de ordenanza que estaría listo para segundo y definitivo debate, Sergio Garnica, plantea que el Municipio exija a propietarios y promotores el 25% de impuesto, calculado sobre el valor de avalúo de los bienes construidos bajo esta ordenanza.

Los permisos especiales que esta ordenanza busca crear, suponen que un terreno adquiere mayor valor si cambia el uso de suelo, porque puede ser mejor aprovechado. Por ejemplo, cuando es un suelo rural que se cambia a urbano o cuando un terreno que está habilitado originalmente para un edificio de hasta tres pisos y el Municipio le autoriza seis, por ejemplo.

Pero cobrar 25% de impuestos sobre aquello que se construye sobre ese mejor uso de suelo o esa mayor edificabilidad, supone que la tierra virtual que el propietario o promotor le está comprando al Municipio gracias a la nueva ordenanza costará el 25% del avalúo del bien que construya. Esta tarifa representa el precio de esa tierra virtual y resulta 2.5 veces más cara que lo que debe costar la tierra para que un proyecto cumpla con parámetros financieros sanos.

El caso de Luis

Luis abuelo de trillizos tiene una casa en la ciudad de Quito. Luis va al municipio para evaluar la posibilidad de construir tres pisos adicionales y así dejar un departamento a cada nieto.

En el municipio le informan que si puede construir los pisos adicionales, pero tiene que tramitar su proyecto a través del Concejo como “urbanístico arquitectónico especial”. Para obtener el permiso que incrementa la edificabilidad de su propio su terreno, si se aprueba la ordenanza en debate, Luis tiene que pagar un impuesto del 25% del valor del avalúo de la construcción de esos tres pisos que él, con su dinero, construirá en su propio terreno.

Luis regresa a su casa y le consulta a su esposa qué piensa ella. ¿Les conviene construir incrementando el costo del proyecto y aprovechar el mismo suelo o comprar un terreno más económico en otro lado?

Sin duda este impuesto encarece los proyectos para todos. Si en la actualidad un promotor inmobiliario destina el 10% del costo de un proyecto a la compra de terreno, qué incentivo tendría para construir ahora en su propio terreno si para hacerlo tiene que destinar el 25% en lugar del 10%. Con la antitécnica ordenanza el Municipio DUPLICA UNA VEZ Y MEDIA el peso del terreno en el costo de hacer proyectos inmobiliarios. ¿Es esto realmente un incentivo al aprovechamiento de los suelos?