EL FUTURO DE MEDIO MILLÓN DE OBREROS ES REHÉN DE LAS PELEAS ENTRE CONSEJO DE LA JUDICATURA Y COLEGIOS DE NOTARIOS: EN ESPERA DE PRONUNCIAMIENTOS DEL COE
Aunque el COE Nacional dispuso ya al Consejo de la Judicatura el reinicio parcial de labores en Notarías, para evitar el colapso de la economía y atender a los deudos del COVID19, varios Colegios de Notarios del país siguen dando largas. El caso extremo es el Colegio de Notarios y la Dirección Provincial de la Judicatura en Guayas, quienes decidieron desmarcarse y no brindar servicio. Otros argumentan que si bien pueden tramitar créditos hipotecarios, no pueden tramitar las compraventas que van con ellos en un solo acto. Aquello no representa riesgos para la salud para nadie pues la Ley de Comercio Electrónico equipara contratos electrónicos y firmas electrónicas con sus versiones de la era de Gutemberg. Todos los Notarios tienen de hecho por Ley una firma electrónica y la usan ya en varias diligencias.
A nivel nacional ésta paralización supera los 400 millones de dólares de créditos hipotecarios de hogares, cuya mudanza quedó suspendida aunque la casa está terminada y ellos ya pagaron toda la entrada. A diferencia de otros sectores que no dependen de tanta formalidad para transaccionar, todo flujo de recursos quedó paralizado desde el 16 de marzo para la construcción. Estas ineficiencias de servicio público, advertidas al COE Nacional hace varias semanas, ponen en riesgo la cadena de pagos del sector construcción y con ella a los trabajadores, a los proveedores y las industrias de materiales, como a los acreedores bancarios e inversionistas.
SECTOR HACE UN LLAMADO AL COE
Con la misma responsabilidad que el COE decidió tomarse más tiempo para evaluar protocolos, diseñar cronogramas y definir áreas de riesgo antes de arrancar un piloto, mientras medio millón de obreros esperan sin cobrar jornales desde el 16 de marzo, es de su responsabilidad destrabar la cadena de pagos del sector. La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda (APIVE) hace por eso un llamado al COE para que urgentemente disponga que los servicios públicos suspendidos hace un mes, principalmente en notarías, pero también en Municipios y Registros de la Propiedad, se reactiven de inmediato.
La inacción en esta materia pone en riesgo a toda la industria relacionada con la construcción, mucho más allá de un piloto que está previsto para movilizar no más del 0.7% de los obreros del sector. Son miles de hogares afectados y cientos de millones de dólares los represados en notarías, registros y municipios cerrados desde hace un mes. La falta de resolución de este absurdo, que nada tiene que ver con COVID19, pone en vilo a todo el medio millón de trabajadores que dependen de que esos recursos lleguen a pagar proveedores, créditos con banca y otros acreedores, como en fin a la esperada reactivación económica.
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