Comunicado

Obreros rehenes de peleas entre Judicatura y Notarios urge acción del COE

EL FUTURO DE MEDIO MILLÓN DE OBREROS ES REHÉN DE LAS PELEAS ENTRE CONSEJO DE LA JUDICATURA Y COLEGIOS DE NOTARIOS: EN ESPERA DE PRONUNCIAMIENTOS DEL COE

Aunque el COE Nacional dispuso ya al Consejo de la Judicatura el reinicio parcial de
labores en Notarías, para evitar el colapso de la economía y atender a los deudos del
COVID19, varios Colegios de Notarios del país siguen dando largas. El caso extremo es
el Colegio de Notarios y la Dirección Provincial de la Judicatura en Guayas, quienes
decidieron desmarcarse y no brindar servicio. Otros argumentan que si bien pueden
tramitar créditos hipotecarios, no pueden tramitar las compraventas que van con ellos en
un solo acto. Aquello no representa riesgos para la salud para nadie pues la Ley de
Comercio Electrónico equipara contratos electrónicos y firmas electrónicas con sus
versiones de la era de Gutemberg. Todos los Notarios tienen de hecho por Ley una firma
electrónica y la usan ya en varias diligencias.

A nivel nacional ésta paralización supera los 400 millones de dólares de créditos
hipotecarios de hogares, cuya mudanza quedó suspendida aunque la casa está
terminada y ellos ya pagaron toda la entrada. A diferencia de otros sectores que no
dependen de tanta formalidad para transaccionar, todo flujo de recursos quedó
paralizado desde el 16 de marzo para la construcción. Estas ineficiencias de servicio
público, advertidas al COE Nacional hace varias semanas, ponen en riesgo la cadena de
pagos del sector construcción y con ella a los trabajadores, a los proveedores y las
industrias de materiales, como a los acreedores bancarios e inversionistas.

SECTOR HACE UN LLAMADO AL COE

Con la misma responsabilidad que el COE decidió tomarse más tiempo para evaluar
protocolos, diseñar cronogramas y definir áreas de riesgo antes de arrancar un piloto,
mientras medio millón de obreros esperan sin cobrar jornales desde el 16 de marzo,
es de su responsabilidad destrabar la cadena de pagos del sector. La Asociación de
Promotores Inmobiliarios de Vivienda (APIVE) hace por eso un llamado al COE para
que urgentemente disponga que los servicios públicos suspendidos hace un mes,
principalmente en notarías, pero también en Municipios y Registros de la Propiedad,
se reactiven de inmediato.

La inacción en esta materia pone en riesgo a toda la industria relacionada con la
construcción, mucho más allá de un piloto que está previsto para movilizar no más
del 0.7% de los obreros del sector. Son miles de hogares afectados y cientos de
millones de dólares los represados en notarías, registros y municipios cerrados desde
hace un mes. La falta de resolución de este absurdo, que nada tiene que ver con
COVID19, pone en vilo a todo el medio millón de trabajadores que dependen de que
esos recursos lleguen a pagar proveedores, créditos con banca y otros acreedores,
como en fin a la esperada reactivación económica.

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