Demora de 3 años en trámites frena crecimiento y empleo en Quito

Un año ha pasado desde que los Concejales de Quito aprobaron la tan anunciada Ordenanza para el cálculo del impuesto por cambio de clasificación, uso y/o zonificación en el Distrito Metropolitano. La ordenanza era necesaria, según los Concejales, para tramitar la aprobación de una docena de proyectos de gran envergadura, denominados por la tecnocracia capitalina como Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales (PUAE), pero ninguno ha sido aprobado hasta la fecha. DESCARGAR ORDENANZA QUE REGULA LA CONCESIÓN ONEROSA DE DERECHOS EN PUAES

Esa ineficiencia y desdén de los políticos y de la burocracia por el desarrollo de la ciudad mantiene paralizados alrededor de 2 mil millones en construcción, con el empleo y movimiento económico que ello implica para los quiteños. Sorprendentemente, la supuesta necesidad de una ordenanza y el tiempo que fue requerido para su elaboración y aprobación fue utilizado por los Concejales y el Alcalde como excusa para detener retroactivamente el trámite de los referidos proyectos, que habían ingresado al municipio para trámite con otra normativa y muchos de los cuales ya cuentan con informes de viabilidad técnica desde el año 2016.

La solicitud del sector es simplemente que el pleno del Concejo Metropolitano, como máxima autoridad legislativa, autorice al ejecutivo municipal a tramitar la docena de proyectos que los Concejales de la Comisión responsable, bajo el liderazgo del Concejal Sergio Garnica, tienen represados desde hace varios años.  Es decir, que se aprueben de inmediato y en los términos que lo dictaba la normativa en vigencia cuando dichos proyectos fueron ingresados a trámite municipal.

VER OFICIO ENVIADO AL ALCALDE MAURICIO RODAS EL 26 DE SEPTIEMBRE 2018

VER OFICIO ENVIADO A CONCEJAL SERGIO GARNICA EL 26 DE SEPTIEMBRE 2018

VER OFICIO ENVIADO AL ALCALDE MAURICIO RODAS EN FEBRERO 2017

VER OFICIO ENVIADO AL CONCEJAL SERGIO GARNICA EL 07 JUNIO 2017

VER OFICIO ENVIADO AL CONCEJAL SERGIO GARNICA EL 13 JUNIO 2017

La Ordenanza de Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales PUAES puso en vigencia un nuevo impuesto a la plusvalía, que llegó a sumarse al polémico impuesto a la Plusvalía creado por el ex Presidente Correa en Diciembre de 2016 y que además de paralizar el acceso a vivienda en el país, convirtió a Ecuador en el único país del mundo con un impuesto del 75% en el sector inmobiliario de vivienda. Si Quito ya era el Municipio más caro del país para construir y para acceder a vivienda, con el nuevo impuesto instituido por la ordenanza (exacción a la que el Municipio denomina “contribución onerosa” para evitar la denominación de “impuesto”), Quito entró a competir en precios de bienes inmuebles con ciudades como Río de Janeiro, Santiago, Buenos Aires e incluso Nueva York.

Asimismo, con el retraso que ha implicado para el trámite de grandes proyectos la ineficiencia del Municipio y del Concejo en el trámite de autorizaciones, las viviendas que debían ser construidas en 2016 a precios de aquella epoca, todavía ni siquiera han podido empezar a construirse, de donde cuando se construyan, si llegan a aprobarse sus proyectos, tendrán que revisar sus supuestos y su estructura de costos, que tendrá varios años de inflación por considerar.

Proyectos urbanísticos represados desde el 2016

La identificación de un mecanismo expedito es imprescindible so pena de que los proyectos y la inversión queden represadas hasta que un nuevo Alcalde y un nuevo Concejo Metropolitano tomen conocimiento del tema y resuelvan tramitarlo.  Esto significaría que algunos proyectos, como el más grande de todos los que se encuentran represados, habrían iniciado su trámite durante la alcaldía Barrera, habrían estado represados durante toda la alcaldía Rodas y serían conocidos por una tercera administración, sin expectativas concretas de aprobación.

VER OFICIO ENVIADO AL ABOGADO SERGIO GARNICA EN JULIO 2016

Reteniendo y disuadiendo mayores inversiones, la Alcaldía de Quito restringe aún más el acceso a vivienda de lo que ya se ha contraído en Quito, donde según datos públicos entre 2016 y 2017 los permisos de construcción en general -no los de proyectos de gran envergadura, que están paralizados- cayeron más del 30%.

Vale destacar que este freno burocrático no permite que el sector inmobiliario en Quito se reactive, mientras la población crece, la construcción formal de viviendas decrece, forzando a los nuevos hogares a la informalidad. Ese es otro costo de la ineficiencia burocrática.

A lo anterior se suma el incremento del desempleo de la construcción por la paralización de la inversión. Si se cuantifica la pérdida de empleo directo e indirecto que ha provocado la paralización de 2.000 millones de dólares en inversión inmobiliaria, se obtiene que al menos solo por los proyectos represados se ha dejado de contratar a 87.500 trabajadores directos de la construcción y por las actividades encadenadas a la construcción 262.500 trabajadores indirectos de la construcción.